Vernor Muñoz[1]
Todos nosotros sabemos algo.
Todos nosotros ignoramos algo.
Por eso, aprendemos siempre
(Paulo Freire)
Mover la educación hacia los derechos humanos
Los esfuerzos por conducir la educación hacia sus propósitos centrales nos han motivado a luchar contra las tendencias mercantilistas que definen a la educación como un servicio negociable y no como un derecho humano.
Esos propósitos se establecen en los principales instrumentos del derecho internacional de los Derechos Humanos (la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros) y han sido esclarecidos por algunos órganos de tratados[2].
Sabemos que la educación va más allá del acceso a la escolarización formal y abarca el derecho a una calidad específica de educación y el amplio rango de experiencias de vida y procesos de aprendizaje que permiten a las personas, individual y colectivamente, desarrollar sus personalidades, talentos y habilidades y vivir una vida completa y satisfecha en la sociedad[3].
Más aún, la educación no consiste en una garantía que el Estado debe asegurar únicamente a los niños, niñas y jóvenes, puesto que se trata de un derecho humano que, por definición, todas las personas, independientemente de su edad, pueden exigir[4].
Precisamente por ello, la necesidad de restituirle a la educación su sentido substancial, destinado a lograr el desarrollo de la personalidad y dignidad humana, constituye el principal objetivo que motiva nuestro trabajo, reconociendo que se trata de un derecho de permanente práctica, que debe protegerse en el marco de la convergencia y el aprendizaje de todos los demás derechos humanos.
La educación es entonces, además de una garantía individual, un derecho social cuya máxima expresión es la persona en el ejercicio de su ciudadanía; no se reduce a un período de la vida sino al curso completo de la existencia de los hombres y las mujeres.
La escolarización formal resulta entonces un mecanismo integrante de los procesos educativos, pero nunca un fenómeno que agota los procesos de aprendizaje y que, en muchos casos, lamentablemente reduce las opciones de las personas adultas, cuando el Estado limita la propuesta educativa sin considerar las necesidades e intereses de esta población.
Dicha exclusión parte de la premisa equivocada de que los únicos destinatarios de “los servicios educativos” son las personas menores de edad o los-as jóvenes, fortaleciendo el estereotipo que presenta a las y los sujetos de la educación como simples receptores del poder socializador del Estado.
Esta distorsión etiológica es más evidente cuando la educación se desconecta de sus verdaderos propósitos y condensa las contradicciones y tensiones de los sistemas económicos y de las culturas patriarcales[5].
La globalización: un mundo para todos dividido [6]
A sabiendas de que no es posible tratar en pocas líneas el tema de la globalización y de sus múltiples manifestaciones, podemos al menos insistir en su principal característica, afirmando que se trata de un fenómeno relacionado con los procesos totalitarios de mercantilización que padece el mundo actualmente.
Hablamos de la globalización del mercado y con ello de la afectación de una parte substancial de las manifestaciones civiles, políticas, económicas, sociales y culturales de la humanidad.
La racionalidad que intenta justificar esta clase de globalización, conlleva a la asignación de valores asimétricos en todos los ámbitos socio políticos, que inevitablemente también degradan buena parte de las relaciones interindividuales y comunitarias, al elevar a la categoría de “pérdidas” y “ganancias”, de “inversiones” y “gastos”, los principios culturales históricos que poco o nada tienen que ver con el utilitarismo comercial.
El efecto más notable, entonces, es la manera en que afecta la globalización la equidad y las necesidades de inclusión.
La globalización ha producido el reordenamiento de actores, normas, reglas y relaciones que terminan por generar un nuevo esquema de interacciones planetarias[7].
Se ha alegado que la globalización podría tener efectos positivos, al provocar la creación de un entorno respetuoso del pluralismo cultural. Sin embargo, resulta difícil comprender cómo un sistema basado en la competencia y la acumulación, podría inspirar algún escrúpulo respecto de las comunidades que proponen un proyecto político basado en la solidaridad.
En la nueva “agenda global”, la equidad social, las identidades culturales y los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente la educación, son tratados como factores ajenos al Desarrollo y muchas veces se entienden más bien como amenazas a los procesos comerciales o se subsumen en la tendencia de mercantilización de los servicios estatales.
Antes que generar coherencia, este tipo de globalización postra a las culturas contra sí mismas y transmuta los valores espirituales y sociales en simples mercancías que se subastan en la fiesta de la especulación financiera.
La intención de reconducir a la educación hacia sus fines esenciales, debe inscribirse por lo tanto en la necesidad de construir una ciudadanía comprometida con todos los derechos humanos de todas las personas.
La mundialización de los derechos humanos, frente a la globalización de las economías, es la respuesta política superior que puede emprenderse desde los procesos educativos.
Hacia un nuevo paradigma
Las personas adultas enfrentan múltiples dificultades para realizar su derecho a la educación. Existen, sin embargo, dos amenazas capitales que debemos mencionar:
La primera, es la falta de oportunidades educativas y la exclusión.
La segunda, es la tendencia curricular que considera a las y los adultos escolarizados o incorporados en los sistemas formales y no formales, únicamente como “recursos para el trabajo” y no como sujetos plenos del derecho a una formación y disfrute integral del conocimiento.
En el primer caso, se trata de un complejo entramado de discriminaciones y exclusiones por razones de género, edad, pobreza, proveniencia socio cultural, etnia y creencias.
El rol uniformador que impone la globalización en el ámbito educativo, generalmente se autopropone como un mecanismo selectivo que relega a las personas adultas a un papel reproductor cada vez más alejado de las oportunidades pedagógicas, al considerarlas como individuos desplazados que “perdieron” su oportunidad para educarse.
Ese tipo de exclusión se manifiesta en la práctica con la ausencia de centros educativos para adultos-as y de sistemas y modalidades alternativas, con la falta de políticas públicas orientadas a satisfacer sus necesidades y con la limitación de los recursos financieros (de todas manera siempre escasos) para garantizarles el derecho a la educación.
Si la globalización busca la maximización de las oportunidades comerciales y tecnológicas al menor costo posible, es de esperar que esa lógica se traslade a los ámbitos sociales y culturales, promoviendo la falsa idea de que la educación es un factor para el mercado y, como medio de socialización, busca prioritariamente formar individuos que respondan a ese fin, desde la más temprana edad.
La falta de oportunidades y la exclusión social de las personas adultas, se produce entonces como una respuesta estructural de un sistema que las considera “inútiles” como sujetos educativos, en la medida en que ya cumplen con una “función” asignada en la dinámica del mundo globalizado.
En el segundo caso, cuando se ha logrado el acceso de las personas adultas a los sistemas o modalidades educativas, éstos no logran sin embargo superar en todos los casos la tendencia utilitarista que impone la globalización, por lo que la currícula se perfila principalmente como un medio de instrucción para el trabajo, muchas veces para el subempleo.
No estamos en contra de vincular los procesos educativos con el mejoramiento de las condiciones económicas de las personas. Pero tampoco podemos aceptar que la educación tenga como fin primordial atender la demanda laboral, desligánda de la necesidad de desarrollar las capacidades integrales de las personas (que les permitirían, de todas formas, vincularse exitosamente a los procesos productivos).
El excesivo énfasis en los mecanismos de mercado y la escasa pertinencia curricular, significan el riesgo y la falencia más notables en la educación de adultos, pues es usual que estas personas participen en condiciones de inclusión precaria [8], valga decir, sometiéndose a prácticas pedagógicas que no llegan a satisfacer sus necesidades, intereses y derechos.
Ello no sólo resulta en la denegatoria del derecho humano a la educación, sino que además lesiona su contenido específico, pues el conocimiento que no se construya en el desarrollo de una personalidad respetuosa de los derechos humanos, es un conocimiento de baja calidad.
La necesidad de desarrollar la responsabilidad intercultural, la solidaridad y el respeto en el mundo globalizado, pone a la educación en la obligación de formar personas críticas de su realidad, y de permitir a todos y todas, sin excepción, potenciar nuestros talentos y capacidades, en la construcción de una sociedad participativa, consciente, crítica, solidaria y justa[9].
Mover la educación hacia un nuevo paradigma, es considerar los procesos educativos como ejercicios transformadores de la inequidades sociales y económicas, que aporten significativamente a la construcción de un tipo de ciudadanía que nutra y viva con alegría la democracia como una cuestión cotidiana, en términos de participación en la toma de decisiones y de responsabilidad familiar y comunitaria.
La educación de adultos debe dejar de ser considerada como un complemento al sistema educativo o como una forma de expiación de culpas ante la exclusión y la indolencia. Debe ahora pensarse cual bastión de nuevos propósitos y acciones, en un mundo que se mantiene en pie, a pesar de los sueños rotos y de las murallas encendidas.
[1] Ex relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación (2004-2010).
[2] Como el Comité sobre los derechos del Niño, el Comité contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[3] En términos similares, los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
[4] Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[5] Munoz, Vernor. The right to education. Report to the Commission on Human Rights submitted by the Special Rapporteur on the right to education. E/CN.4/2005/50. 17 December 2004. parr. 5-13.
“[6]”Un mundo para todos dividido” es el título de un libro de Roberto Sosa, poeta hondureño.
[7] Samper Lizano, Ernesto. Educación y globalización. EN: Educación y globalización, los desafíos para América Latina. Vol. I. CEPAL-ECLAC-OEI, Santiago de Chile, 2002.
[8] Expresión de José de Souza Martins, citado por María Malta Campos, EN: “Reflexionando sobre la calidad educativa”. Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. México, 2004, p. 162.
[9] En ese mismo sentido, la Mesa de Educación de Personas Adultas. ALFALIT-CEES. San Salvador, 2004. Además: “En el ámbito de la política, la educación es requisito en la construcción de la democracia que se sustente en el Estado Social de Derecho. Educación para la democracia, los derechos humanos, la paz, la tolerancia. En una palabra, educación política. De igual manera la democracia implica la producción y acceso real a la educación, al saber científico, artístico y político para todos. La construcción de una democracia se da educando a los ciudadanos. La educación es vehículo privilegiado de esa necesaria socialización”. Sánchez Ángel, Ricardo. El sentido de la época: sobre globalización y educación en derechos humanos. EN: De miradas y mensajes a la educación en derechos humanos. Fundación Ideas, Santiago de Chile, 2004, p.23.