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- INTRODUCCIÓN
Estamos asistiendo, en la última década, a un ataque sin precedentes a nuestro sistema público de educación. Un ataque diseñado desde ya hace mucho tiempo pero que, con la excusa de la crisis, se ha aplicado con una gran celeridad, generalizándose y profundizándose. Estamos hablando de la usurpación de la educación por parte del neoliberalismo, y de sus promotores, los bancos, las multinacionales y el mundo financiero.
El Neoliberalismo no es sólo un sistema económico, basado en la acumulación de más capital cada vez en menos manos, con el aumento de la pobreza y la desigualdad que ello conlleva, sino también, como explica Christian Laval: “una remodelación de la subjetividad que “obliga” a cada persona a vivir en un universo de competición generalizada, organizando las relaciones sociales según el modelo del mercado y transformando incluso a la propia persona, que en adelante es llamada a concebirse y a conducirse como una empresa, un emprendedor de sí mismo” [1] Y para todo ello es imprescindible la educación.
Educación y globalización
La globalización neoliberal se caracteriza por una expansión territorial y sectorial del capitalismo, y en este sentido está llegando ya al sector educativo, lo cual implica un cambio del sentido y los objetivos que durante muchos años ha tenido la educación: se trata de abandonar la idea de “educación como servicio público, como un derecho básico de toda la ciudadanía, con el objetivo de proporcionar a todos los niños y jóvenes una formación integral”, y pasar a planificar una “educación al servicio de la economía, entendida ya no como un derecho universal, sino como una inversión personal”. Este nuevo concepto de educación tiene dos vertientes: abrir el mercado educativo, que se calcula puede suponer unos dos billones de euros, para que las empresas privadas puedan realizar negocios en este mercado, y por otra parte se trata de ofrecer una formación al servicio de las empresas, adecuándola a las necesidades del mercado de trabajo.
Otra característica de esta nueva etapa es la creciente intervención de los organismos internacionales en el ámbito educativo: desde la OMC se preconiza la abertura del mercado educativo y la liberalización de este servicio. Desde el Banco Mundial se “recomienda” la privatización y la gestión empresarial de los centros educativos, la competitividad entre las escuelas, la imposición de unas “competencias básicas” que intentan orientar los contenidos de la educación a nivel mundial adecuándolos a las necesidades de los puestos de trabajo, una disminución del gasto público destinado a la educación y un aumento del financiamiento individual (la educación, como toda inversión, ha de pagarse), y una gestión de los sistemas educativos capaz de rentabilizar los gastos y que aumente la eficiencia.
Desde la OCDE se propagan también políticas educativas al servicio de la economía, siendo una de las principales aportaciones los famosos indicadores PISA, que intentan evaluar a todos los jóvenes de todos los países del mundo con las mismas pruebas, elaborando después una lista sobre la “calidad educativa” de cada país. De hecho, el ranking de los resultados de los informes PISA acaban decidiendo qué es calidad, y de manera indirecta, acaban orientando los currículos, pues todos los países desean adelantar puestos en el ranking y, por tanto, acaban imponiendo unos conocimientos coincidentes con aquellos que PISA evaluará.
Finalmente, las orientaciones de la UNESCO, única institución formada por Ministerios de educación, que desde los años 70 ha promovido una educación entendida como herramienta de emancipación, han perdido toda su fuerza y la institución ya no posee ningún poder.
Educación y privatización
La privatización es uno de los objetivos de este asalto neoliberal a la educación. Su objetivo es doble: por un lado disminuir el presupuesto público y por otro abrir el mercado educativo.
Nuestro país es un buen alumno en los dos aspectos. La disminución de los presupuestos dedicados a educación han bajado hasta límites de vergüenza: España ocupa el puesto 23 de 28 en porcentaje de gasto público en Educación (4,1%) en el conjunto de la UE, a años luz de Dinamarca (7%), Suecia (6,5%), Bélgica (6,4%), Finlandia (6,2%) o Portugal (6%). [2]
Junto a la disminución del presupuesto público avanza la privatización. Se calcula que el mercado educativo puede suponer unos dos billones de euros, y de lo que se trata es que las empresas privadas puedan realizar negocios en este sector. En nuestro país, ello se concreta con el aumento de los centros privados subvencionados con dinero público, con la progresiva externalización de los servicios (educación infantil, comedor, transporte, limpieza, evaluación, nuevas tecnologías, etc.) que están ya en manos de empresas privadas, con el aumento de las tasas en las Universidades públicas y con la creación de las Universidades privadas.
La subvención de centros privados con dinero público (conciertos educativos) se está llevando a cabo sin una normativa clara, ni medidas eficientes para que los centros privados que reciben financiación pública cumplan con sus obligaciones de gratuidad, de no seleccionar al alumnado, y de laicidad.
Este tipo de centros, además de ser una excepción dentro de los países de la UE, tiene consecuencias varias que afectan a diferentes ámbitos: la transferencia de dinero público hacia beneficios privados; la selección del alumnado por clase social, puesto que sólo tienen posibilidad de acceder a los centros concertados las familias que pueden pagar la cuota; y el control ideológico y político, a partir de la libertad total para definir un “ideario propio” que tienen los centros privados. Este ideario, en nuestro país es mayoritariamente religioso, puesto que la mayoría de centros privados, que funcionan con dinero público, pertenecen a instituciones religiosas. En el curso 2014-15, más de un millón y medio de escolares estudiaron en dichos centros. De los alrededor de 4.000 centros privados concertados que existen en España, los de ideología católica suponen el 65%, y aleccionan al 75% de los alumnos y, además, ello nos cuesta al erario público 4.000 millones de euros. [3]
Estas medidas implican un aumento del gasto familiar en la educación, lo que tiene como consecuencia una mayor segregación escolar en función de la renta económica de las familias que hace muy difícil la igualdad de oportunidades y el ascensor social, y que convierte a la educación en una mercancía más al servicio del beneficio del capital privado y de las clases más favorecidas
En definitiva, la creciente privatización tiene como consecuencia un aumento de la desigualdad entre los centros, una mercantilización de la educación y, por tanto, una peor educación para aquellas familias con menor poder económico y social. De esta forma, la educación, en lugar de ser un elemento de cohesión social y de igualdad de oportunidades, pasa a ser un elemento más de consolidación y ampliación de las diferencias sociales.
Rosa Cañadell
Licenciada en Psicología. Profesora. Ex-portavoz del sindicato USTEC·STEs. Miembro del grupo promotor de la ILP D’EDUCACIÓ . Miembro del SIEC (Seminari Ítaca d’Educació Crítica)
[1] Laval, Ch. y Dardot, P. (2013). La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal. Barcelona: Gedisa 2013
[2] Cristina Fallarás: “Más de 4.000 millones públicos para la educación en el machismo” El Periódico, 24.1.2018
[3] Cristina Fallarás: “Más de 4.000 millones públicos para la educación en el machismo” El Periódico, 24.1.2018 (http://m.publico.es/espana/2028645/mas-de-4000-millones-publicos-para-la-educacion-en-el-machismo/amp?__twitter_impression=true)
